En Cuba rige una nueva constitución. La actual Carta Magna, proclamada el pasado 10 de abril, reconfiguró el orden institucional. Ahora tendremos un Presidente y un Vicepresidente de la República, un Consejo de Estado cuya presidencia será la misma que la de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), un Primer Ministro, gobernadores provinciales, intendentes municipales, entre otros cambios que se implementarán en un cronograma delineado desde el propio texto constitucional.
La Disposición Transitoria Primera de esta ley de leyes estableció que, en el plazo de seis meses luego de la entrada en vigor de la constitución, debía ser aprobada por la ANPP una nueva Ley Electoral. Mientras que, en la Disposición Transitoria Segunda, se prefijaba que luego de aprobada dicha Ley Electoral, en el plazo de tres meses, se debía elegir de entre los diputados al Presidente, Vicepresidente y Secretario de la ANPP, al resto del Consejo de Estado así como al Presidente y Vicepresidente de la República.
En la sesión ordinaria de la ANPP celebrada el 13 de julio se aprobó la nueva legislación electoral -Ley 127- y menos de tres meses después, el próximo 10 de octubre, en sesión extraordinaria, se elegirá la presidencia de la Asamblea, el Consejo de Estado y al Presidente y Vicepresidente del Estado.
Los candidatos a los cargos en elección son los actuales diputados y cualquiera de ellos puede resultar electo. Todos los parlamentarios fueron consultados por la Comisión Nacional de Candidaturas Nacional para conocer sus propuestas con el fin de presentar candidaturas únicas para cada uno de los puestos a elección. Estas candidaturas deben ser aprobadas por la ANPP y posteriormente se someten al voto de los diputados para la elección final.
Considerando que hace menos de año y medio fue electo el vigente Consejo de Estado y la dirección de la ANPP, no sería descabellado pensar que de entre ellos se seleccionen las distintas candidaturas que resultarán, con casi total certeza, finalmente electas. Entonces, si tomamos como referencia el actual Consejo y vemos la nuevas características que debe tener este en cuanto a composición y número, quizás se pueda tener una idea más concreta de un posible resultado de la sesión legislativa del 10 de octubre. Esto, hay que tenerlo claro, no es más que otro ejercicio de adivinación y, como tal, seguramente errado; la palabra final, de acuerdo a la ley, la tendrán los diputados.
Según la Constitución de 1976, el Consejo de Estado estaba conformado por Presidente, que a su vez era Jefe de Estado y Presidente del Consejo de Ministros, un Vicepresidente Primero, otros cinco Vicepresidentes, un Secretario y otros 23 miembros, para un total de 31.
Acorde a la nueva Carta Magna y la recién aprobada Ley Electoral, el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario de la ANPP lo serán también del Consejo de Estado, al cual se sumarán otros 18 diputados electos para ese fin. Por tanto, la membresía se reduce de 31 a 21.
Ahora ya no existirá el rango de los cinco vicepresidentes.
Por su parte, como se mencionó, la dirección de la Asamblea Nacional será también la del Consejo de Estado. Como resultaron electos en abril de 2018, es muy probable que ahora los máximos dirigentes del parlamento sean reelectos en sus mismos cargos.
De esta manera, Esteban Lazo, Ana Mari Machado y Miriam Brito serían respectivamente Presidente, la Vicepresidenta y la Secretaria de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado. Ellos tres serían nuevos integrantes de un órgano al cual no pertenecían previamente.
Miguel Díaz Canel, hoy Presidente de los Consejos de Estado de Ministros y, por tanto, Jefe de Estado y Gobierno, es quien todos asumen será electo como Presidente de la República. Mientras tanto, Salvador Valdés, actual Vicepresidente Primero de ambos Consejos, es quizás el más probable candidato para el cargo de Vicepresidente de la República.
Según el Artículo 121 de la nueva Constitución:
[...] No pueden integrar el Consejo de Estado los miembros del Consejo de Ministros, ni las máximas autoridades de los órganos judiciales, electorales y de control estatal.
Acorde a la letra del artículo, no parece que el Presidente y el Vicepresidente de la República estén impedidos de ser miembros del Consejo. Sin embargo, en el Artículo 128 inciso c) se especifica para el Presidente de la República que le corresponde:
participar por derecho propio en las reuniones del Consejo de Estado y convocarlas cuando lo considere
Así, en el mismo texto constitucional, se asume también una probable no pertenencia al Consejo de Estado del Presidente de la República. Entonces, del mismo modo, consideraremos que el Presidente, y también el Vicepresidente de la República, no pertenecerán al Consejo.
En el caso de Homero Acosta, quien se ha desempeñado como Secretario del Consejo y tuvo protagonismo durante el Proceso de Reforma Constitucional, bien podría mantener su cargo actual o solo mantenerse como miembro del consejo, que es la opción por la que optamos. En su caso, no nos asombraría que muy pronto asumiera cargos de mayor jerarquía dentro de la ANPP.
La Carta Magna si es clara en cuanto a que los miembros del Consejo de Ministros no pueden integrar el Consejo de Estado.
La Disposición Transitoria Tercera del documento constitucional establece que:
Una vez elegido, el Presidente de la República, en el plazo de tres meses propone a la Asamblea Nacional del Poder Popular la designación del Primer Ministro, Viceprimeros Ministros, el Secretario y demás miembros del Consejo de Ministros.
Entonces es probable que el actual Consejo de Ministros se mantenga en funciones hasta que ocurra la mencionada designación. Por tanto, quienes hoy pertenecen al Consejo de Ministros no deberían ser electos al Consejo de Estado.
En ese caso están Ramiro Valdés, Inés Chapman y Roberto Morales, quienes son tanto Vicepresidentes del Consejo de Estado como del de Ministros. Chapman y Morales son vistos como posibles candidatos para el cargo de Primer Ministro.
Asimismo, Leopoldo Cintra -Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias- y Bruno Rodríguez -Ministro de Relaciones Exteriores- tampoco deberían ser miembros del Consejo de Estado.
En igual caso está Gladys Bejerano, actual Contralora General de la República y Vicepresidenta del Consejo de Estado.
La Contraloría General es definida en el Artículo 160 como:[...] el órgano del Estado que tiene como misión fundamental velar por la correcta y transparente administración de los fondos públicos y el control superior sobre la gestión administrativa. [...]
Por ello, siendo la Contraloría un órgano de control, su máxima autoridad no puede integrar el Consejo de Estado.
Los máximos dirigentes de las principales organizaciones sociales y de masa del país siempre han pertenecido al Consejo de Estado. Incluso, cuando han ocurrido cambios en la dirección cimera de estas organizaciones comunmente el nuevo dirigente ha sido, si no lo era, electo diputado y, posteriormente, miembro del Consejo de Estado.
En el período transcurrido desde la conformación del actual Consejo de Estado, dos organizaciones representativas, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y la Federación de Estudiantes Univesitarios (FEU) eligieron nuevos presidentes,
Miguel Barnet, que es miembro del vigente Consejo, fue sucedido al frente de la UNEAC por Luis Morlote, quien también es diputado. Según lo que ha ocurrido históricamente, Morlote deberá integrar el Consejo en sustitución de Barnet.
Raúl Palmero, el integrante más joven del Consejo de Estado, fue relevado en la presidencia de la FEU por José Ángel Fernández el pasado 14 de junio. Posterior a esta fecha, José Ángel fue electo diputado y tomó posesión del cargo, ocupando uno de los cupos vacantes en julio pasado. José Ángel también es probable que sustituya a Palmero en el Consejo de Estado.
Con lo propuesto, aún se necesitaría reducir el número de probables candidatos para llegar al total de miembros, 21, que define la nueva Ley Electoral.
Existe un grupo de diputados que, por distintas razones, creemos que mantendrán su membresía al Consejo de Estado. Por ejemplo, Beatriz Johnson, actual vicepresidenta de este órgano, debería continuar como miembro del mismo.
Del mismo modo mantendrían su membresía, Teresa Amarelle -Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC)-, Ulises Guilarte -Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC)-, Carlos R. Miranda -Coordinador Nacional de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR)-, Rafael Santiesteban -Presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)- y Susely Morfa -Primera Secretaria de la Unión de Jovenes Comunistas (UJC)-.
El Comandante de la Revolución Guillermo García también es probable que mantenga su puesto en el Consejo de Estado en tanto que sería el único representante en este órgano de la Generación Histórica de la Revolución.
Miriam Nicado -Rectora de la Universidad de La Habana-, Martha del C. Mesa -Viceministra de Educación Superior- e Ileana A. Flores -Directora de la Empresa Industrial Ferroviaria José Valdés Reyes- integraron también el Consejo de Estado en la pasada legislatura y ese precedente podría pesar para manterner su presencia en este órgano.
El resto de los posibles candidatos son todos miembros que se incorporaron recientemente al Consejo de Estado. Elegir entre cualquiera de ellos es una mera apuesta porque no existen elementos determinantes para decidir por uno u otro.
Aún así, optamos por Jorge A. Berlanga -Jefe de Proyectos e Investigaciones del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología-, Yipsi Moreno -Comisionada Nacional de Atletismo-, Yoerky Sánchez -Director del Periódico Juventud Rebelde-, Carlos A. Martínez -Director del Hospital Universitario General Calixto García- y Elizabeth Peña -Directora Nacional de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar-.
De esta manera, quedarían identificados los 21 posibles miembros del primer Consejo de Estado que se elija bajo el nuevo orden constitucional.
Esta, como todo las predicciones, podrá ser errada, parcial o totalmente. La certeza total la tendrán la Comisión de Candidaturas Nacional, que realizará la propuesta de los candidatos, y los diputados que, en primera instancia deberán aprobar las distintas candidaturas y, luego, con su voto realizarán la elección final.
En lo que si no hay dudas es que el 10 de octubre, día en que se conmemora el inicio de las Guerras Independentistas en Cuba, se iniciará una nueva estructura institucional en el país.
Este será apenas el primer paso. Habrá que andar otro tanto para que este nuevo orden quede concluido.
Para ello no bastará con la elección o designación de las figuras o instituciones que preconfigura la vigente Carta Magna. También es imprescindible, con la participación activa de la ciudadanía, que se diseñe y aprueben todas las leyes que son necesarias bajo el reciente modelo constitucional y que, muchas de ellas, todavía son una deuda desde que en 1976 fue aprobada la anterior constitución.
Así, con el nuevo orden instituido y con un cuerpo legal mucho más completo que el que hasta hoy hemos tenido, a partir de las próximas elecciones generales, la nación estará en condiciones de verificar si estos son los cambios que realmente precisaba. En caso contrario, Cuba tendrá que seguir en la búsqueda de una nueva configuración social e institucional. La que quieran, en concenso, los cubanos todos.